Los 50 cambios a la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas en México no garantizarán el derecho humano de las personas para acceder al agua de forma suficiente, afirmó elWilfrido Antonio Gómez Arias, académico. Por consiguiente, el especialista advierte que las reformas al agua dejarán intacto el sistema original de concesiones, el cual favorece a los grandes usuarios y a los usuarios millonarios, quienes concentran la mayor parte del recurso. Además, el académico señala que persisten vacíos legales y la ausencia de sanciones a quienes contaminan o no pagan derechos.
Reformas al agua mantienen privilegios y no garantizan el derecho humano
Las recientes modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales y la propuesta de la Ley General de Aguas no lograrán el objetivo de garantizar el derecho humano al agua para todos los mexicanos. Así lo afirmó el Mtro. Wilfrido Antonio Gómez Arias, académico investigador, quien señala que ambas leyes persisten en conservar un modelo de concesiones que beneficia desproporcionadamente a los grandes usuarios.
El académico recordó que la crisis hídrica de Monterrey, Nuevo León, fue una muestra clara de la ineficacia de la actual Ley de Aguas Nacionales. En aquel momento, la mayoría de la población enfrentaba escasez, pero las grandes empresas continuaban extrayendo el recurso estratégico.
De hecho, el problema radica en la concentración del recurso: alrededor de 3 mil 304 usuarios (conocidos como los usuarios millonarios) concentran una cuarta parte de los títulos de concesiones repartidos para uso consultivo. Esto significa que solo el 1.1% de todos los usuarios a nivel nacional ostentan un privilegio que restringe la disponibilidad para los sectores más vulnerables.
Vacíos legales y falta de sanciones a grandes usuarios
El especialista apunta que las reformas al agua no abordan problemas estructurales. Por lo tanto, se están creando dos reformas paralelas que resultan ser totalmente opuestas y que no definen reglas claras para la reasignación del recurso que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pueda recuperar.
Además, el académico indicó que persisten graves vacíos legales. En primer lugar, las leyes no les quitan concesiones a los grandes usuarios que no pagan derechos. En segundo lugar, tampoco los sancionan si contaminan el agua. Finalmente, no se garantiza la representación de los ejidos y las comunidades agrarias e indígenas que no tienen acceso directo a su agua.
La falta de pago es un problema de gran envergadura. El Mtro. Gómez Arias señaló que, entre los usuarios que usan más de 1 millón de metros cúbicos de agua al año para uso industrial, agroindustrial, de servicios y comercio, más del 80% no paga por ese derecho. Se estima que este monto no recaudado podría superar los 60 mil millones de pesos anuales.
La necesidad de un nuevo marco legal
El académico también puso en evidencia cómo el sistema afecta a los pequeños productores. Por ejemplo, las concesiones otorgadas a los grandes caciques permiten controlar el agua de los módulos de riesgo, provocando que los pequeños agricultores se vean obligados a rentar o vender sus parcelas al no poder expandir su producción agrícola.
El especialista subrayó que lo ideal es crear un nuevo marco legal y derogar la Ley de Aguas Nacionales de 1992, una ley que fue “hecha a la medida para los grandes usuarios“. Por consiguiente, ese modelo les permitió hacer negocios y explotar el recurso en detrimento de los 286 acuíferos sobreexplotados y 527 con tendencia a tener menos disponibilidad.
En conclusión, el Mtro. Gómez Arias manifestó que la ambigüedad en ambas leyes es peligrosa. Puesto que las normas se dejan a la interpretación, cualquier gobierno las puede usar de forma discrecional al no establecer reglas claras para transmitir concesiones.
