El Gobierno de la Ciudad de México formaliza una alianza histórica para erradicar la extorsión mediante reformas legales y nuevas unidades de atención. La Jefa de Gobierno impulsa una estrategia de tolerancia cero para devolver la paz a los sectores productivos y sociales.
CIUDAD DE MÉXICO, 14 DE ABRIL DE 2026. — En un esfuerzo por transformar la seguridad pública, el Gobierno de la Ciudad de México concretó la firma del Pacto contra la Extorsión. Esta iniciativa, liderada por la Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, busca desarticular las redes delictivas que afectan el día a día de comerciantes y familias, sumándose a la visión de protección nacional.
Gobierno de la Ciudad de México implementa inteligencia social y reformas al Código Penal
Asimismo, las autoridades anunciaron que este acuerdo no se limitará a buenas intenciones, sino que incluirá cambios profundos en las leyes locales. Por consiguiente, el Gobierno de la Ciudad de México presentará reformas para tipificar el hostigamiento coercitivo y elevar la extorsión a delito grave, permitiendo una persecución más efectiva.
Por otra parte, la estrategia contempla la creación de un Centro de Atención Inmediata contra la Extorsión y un gabinete especializado. De igual forma, se instalarán inhibidores de señal en los centros penitenciarios para cortar de tajo las llamadas fraudulentas. El Gobierno de la Ciudad de México busca así una respuesta integral y tecnológica.
“Es un acuerdo con los distintos sectores de la sociedad para cerrar filas y romper el silencio. La participación de la sociedad es fundamental para cualquier política pública y aquella dedicada a combatir el crimen”.— Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Redes de inteligencia y protección a víctimas en la capital
Finalmente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fortalecerá sus capacidades de investigación con analistas especializados en rutas financieras. En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México garantiza que habrá protección total a testigos, asegurando que nadie tenga miedo de denunciar y recuperar la tranquilidad en sus comunidades.
