La mala implementación de la Ley Silla pone en riesgo a empresas y trabajadores:
- Sin asesoría técnica, la norma puede agravar trastornos musculoesqueléticos, incrementar la rotación laboral y derivar en sanciones económicas severas.
La mala implementación de la Ley Silla pone en riesgo a empresas y trabajadores
Desde su entrada en vigor el pasado 17 de junio, la llamada Ley Silla ha generado debate entre empresas, autoridades y especialistas en ergonomía. La disposición busca garantizar condiciones laborales más dignas para trabajadores que realizan sus funciones de pie, obligando a contar con espacios adecuados de descanso y sillas ergonómicas.
Especialistas advierten que la implementación presenta desafíos. Entre ellos, la ausencia de análisis ergonómicos previos, presupuestos limitados y un bajo entendimiento de la norma. Esto ha llevado a que algunas empresas actúen sin el acompañamiento adecuado, aplicando soluciones improvisadas que no siempre cumplen el objetivo de mejorar el bienestar del trabajador.
De acuerdo con el IMSS, los trastornos musculoesqueléticos (TME) son la principal causa de enfermedades laborales en el país. Un estudio entre 1990 y 2021 señala que estos padecimientos fueron la primera causa de años vividos con discapacidad (AVD) en México, con un aumento de 57.3% en ese periodo, siendo la lumbalgia y la osteoartrosis las más frecuentes.
Sectores más afectados por la Ley Silla
Los sectores operativos como retail, banca, seguridad, distribución, gasolineras y manufactura concentran gran parte de los trabajadores de pie. Según Lozano, entre 60% y 70% de la fuerza laboral en estos giros no cuenta con infraestructura adecuada para cumplir la disposición.
Los riesgos asociados a la bipedestación incluyen sobrecarga en músculos y articulaciones, dolor, fatiga, problemas cardiovasculares y complicaciones durante el embarazo. Sin embargo, especialistas advierten que no basta con colocar una silla: es necesario diseñar protocolos de uso, elegir mobiliario ergonómico y garantizar espacios funcionales.
La Secretaría del Trabajo ya contempla la supervisión de esta norma en sus auditorías. Se prevén sanciones de entre 250 y 2,500 UMAS (de $28,000 a $280,000 pesos) según el tamaño de la empresa y la gravedad del incumplimiento.
Frente a este escenario, expertos recomiendan que las organizaciones adopten un enfoque integral con asesoría técnica ergonómica y apoyo multidisciplinario en áreas como medicina, nutrición y psicología. Estas medidas no solo previenen lesiones, sino que también reducen rotación y ausentismo. En sectores como alimentos y bebidas, se han registrado disminuciones de hasta 20% en la rotación de personal tras implementar programas de ergonomía.
La Ley Silla no debe verse como una carga regulatoria, sino como una oportunidad para mejorar la salud y productividad de los equipos. Su cumplimiento impulsa una cultura organizacional centrada en la prevención, el bienestar y la retención del talento.
