Para muchos trabajadores en México, el término “buró laboral” no solo representa un concepto desconocido, sino también un riesgo silencioso que puede limitar sus oportunidades de empleo y vulnerar sus derechos fundamentales. Esta práctica, que consiste en la creación de listas negras que registran antecedentes laborales conflictivos, afecta de manera directa a miles de personas y pone en evidencia la falta de regulación en los procesos de contratación en el país.
El buró laboral se alimenta de información que en su mayoría proviene de boletines emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto locales como federales. Sin importar la resolución de los conflictos, el simple hecho de haber participado en un juicio laboral puede marcar negativamente a los trabajadores al hacer que algunas empresas excluyan a candidatos en sus procesos de selección basándose únicamente en un historial que no refleja las habilidades ni la situación actual de los colaboradores.
“El buró laboral es una herramienta discriminatoria que, además de estar prohibida por el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, afecta gravemente las oportunidades laborales de los trabajadores y perpetúa prácticas poco éticas en el mercado laboral basadas en datos sesgados o incompletos”, expresó Felipe Cuadra, cofundador y CHRO en Rankmi.
De acuerdo con un estudio realizado por OCC Mundial, el 31% de los trabajadores en México está familiarizado con el término “quedar boletinado”, asociándolo con listas negras que utilizan las empresas para sancionar a colaboradores que enfrentaron conflictos legales o laborales. Mientras que un 16% señaló que ha sentido presión para actuar en contra de su voluntad, como firmar una renuncia, para evitar ser incluido en estas bases de datos.
Además de incumplir con la Ley Federal del Trabajo, el buró laboral también infringe la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Ya que al recopilar y compartir información sin el consentimiento explícito de los colaboradores, estas listas violan derechos fundamentales, como el acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO), lo que ha llevado a que más trabajadores consideren la posibilidad de acudir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para defender sus derechos y buscar soluciones ante esta problemática.
“El hecho de que un trabajador pueda ser vetado sin importar el contexto o la resolución de un conflicto legal genera un ambiente de desconfianza e inseguridad, tanto para los empleados como para las empresas mismas. Es crucial que las organizaciones trabajen en construir culturas laborales éticas que promuevan el respeto y la inclusión”, afirmó Felipe Cuadra, cofundador y CHRO en Rankmi.
La solución, según expertos de Rankmi, radica en la prevención, la capacitación constante y la implementación de políticas internas que promuevan la transparencia. Las empresas deben priorizar herramientas éticas, como canales anónimos de denuncia, que permitan a los trabajadores expresar sus preocupaciones sin temor a represalias.
“Las organizaciones que recurren al buró laboral no solo se enfrentan a sanciones legales, sino que también pierden credibilidad en el mercado. Un enfoque ético y centrado en el talento es la clave para mantener relaciones laborales sólidas y sostenibles”, concluyó Felipe Cuadra, cofundador y CHRO en Rankmi.
